#Residencias y Coronavirus: Riesgos penales

Riesgos penales a los que se enfrentan las residencias y sus trabajadores en la gestión del Covid-19

Denuncias a la residencia por COVID-19

Las residencias de ancianos han estado en el punto de mira desde prácticamente el inicio de la pandemia del coronavirus. Las muerte de residentes afectados por el Covid19 o la situación en que se encontraban los mismos hizo que el propio Ministerio de Defensa alertara de la misma.

Ello derivó en que la Fiscalía General del Estado abriese unas diligencias de investigación que dejó en manos de las distintas fiscalías territoriales para depurar las responsabilidades, tanto penales como civiles, que se puedan derivar por las actuaciones en las residencias de las distintas comunidades autónomas.

Por el momento la Fiscalía ha informado que está recabando información y documentación (protocolos de actuación, informes de servicio, certificaciones del centro y personal responsable y jerarquía en la residencia) y una vez analice toda ella podrá determinar si existen indicios de la comisión de alguno de los delitos denunciados.

Motivos de denuncia a la residencia: Riesgos penales

Los familiares de personas afectadas están dirigiendo sus denuncias contra la residencia, contra sus directores y sus empleados. Y el número de denuncias es elevado.

Los afectados denuncian para que la Fiscalía investigue si se han podido cometer uno o más delitos que pasan por el abandono de personas vulnerables, omisión del deber de socorro (desatención sanitaria), maltrato, detención ilegal y dependiendo del resultado lesiones u homicidio (imprudentes).

La queja general es que no entienden por qué se ha mantenido a sus familiares en la residencia si estamos ante una enfermedad infecto-contagiosa, convirtiendo así a los mayores en un colectivo vulnerable.

Como no han podido acceder a las residencias, se sienten desinformados y tienen miedo de que sus familiares estén abandonados a su suerte, descuidados o desatendidos en términos sanitarios.

En otros casos la autopsia ha detectado determinadas lesiones que no estaban relacionadas con el virus, lo que hizo sospechar a los familiares de síntomas de maltrato.

Además de las denuncias interpuestas por los familiares están las que han formulado los propios trabajadores que aseguran en muchos casos que no disponen de los medios necesarios para desempeñar su trabajo con seguridad.

En definitiva los riesgos a los que se enfrentan las residencias y sus directivos se resumen en:

  • Delitos contra las personas
  • Delitos contra los derechos y deberes familiares
  • Delitos contra la libertad
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores

 

Argumentos de la residencia frente a la denuncia

Por su parte las residencias tienen también buenos argumentos para defenderse ante la denuncia de los afectados por coronavirus.

Como primer motivo las residencias argumentan que han seguido los protocolos establecidos por Sanidad, elevando así la responsabilidad penal a los dirigentes del Ministerio.

Precisamente la orden de mantener aislados a los mayores en las residencias ha sido muy cuestionado por las asociaciones de geriatría y será el primer argumento a tener en cuenta para depurar responsabilidades penales.

El segundo motivo es que las residencias no tienen estructura ni infraestructura para atender este tipo de emergencias sanitarias porque son centro de ámbito social dónde la norma limita o exime de la obligación de tener médicos o enfermeras disponibles a todas horas.

Es muy complicado aislar o mantener la distancia de seguridad en instalaciones pensadas para que todo sea compartido (salón social, comedor, habitaciones, etc.).

El tercer motivo que alegan las residencias y sus empleados es que han seguido las medidas de higiene y desinfección y que pese a ello se han producido contagios porque falta material de protección (guantes, geles o mascarillas)

De hecho muchas residencias establecieron rápidamente protocolos para trasladar a los contagiados hacia las urgencias, evitando así la propagación del contagio.

El último motivo, que atañe a sus empleados, es que les han dotado, tan pronto como han podido, de los equipos de protección individual pertinentes y han establecido protocolos y medidas de seguridad para evitar el contagio de sus trabajadores.

Conclusiones

En definitiva, la viabilidad de la acción penal dependerá por un lado, de la capacidad de los afectados de demostrar la actuación negligente o dolosa de la residencia y sus directivos y por otro lado, de la capacidad de la residencia de demostrar que siguió los protocolos legalmente establecidos.

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Sobre el autor

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Publicado por dmgpol

Abogado penalista con más de quince años de experiencia en delitos en Madrid ante todo tipo de Juzgados y Tribunales

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