Cámaras de vigilancia en zonas comunes como prueba de un delito

En la entrada de hoy analizamos la influencia del tratamiento de datos por una unidad de investigación frente al derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen

La cámara de videovigilancia intermedia es válida como prueba de un delito

Una de las cuestiones que mucha gente se plantea es si las imágenes que capta una cámara de seguridad que da a la vía pública se pueden utilizar como prueba en un proceso penal o si, por el contrario, podrían vulnerar el derecho a la intimidad y a la propia imagen del acusado.

Nos referimos a la cámara de videovigilancia que da a la vía pública o a zonas comunes ajenas y que, por tanto, nada tiene que ver con la cámara del local en la que se produce el delito. Éstas cámaras se conocen como cámaras de espacios intermedios.

El Tribunal Supremo concluía que

La existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito, no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen.

STS 649/2019 de 20 de diciembre

Los argumentos

Se alegaba por la defensa la vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen en base a los sistemas de videovigilancia en el interior y exterior de la joyería que grabaron la conducta del acusado los días anteriores y posteriores a los hechos enjuiciados.

Dichas grabaciones no solo abarcan el espacio inmediatamente exterior a los establecimientos sino que incluso graban a las personas que transitan por vías públicas por lo que consideraba que dichas captaciones no respetan la intimidad de estos viandantes.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que no existe una invasión de un derecho constitucional como el de la propia imagen capaz de conseguir una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho de que la imagen de una persona encausada o investigada en una fase previa de investigación policial, y, luego, en el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los datos realizados a instancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una cámara de grabación instalada con arreglo a la Ley de Protección de Datos.

Precisamente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto su uso adecuado por parte por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca una injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen capaz de afectar a la materia probatoria del proceso penal.

STS 649/2019 de 20 de diciembre

Cobertura jurídica

La cuestión que se debate tiene su evidente cobertura legal en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada; Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y su sometimiento a un cierto control administrativo por parte de la Agencia Española de Protección de datos.

Las filmaciones aportadas por particulares son susceptibles de convertirse en prueba documental en el proceso penal, siempre que cumplan requisitos como:

  • No vulnerar derechos fundamentales como el de la intimidad o la dignidad de la persona al captarlas,
  • Y hacerlo en espacios, lugares o locales libres y públicos, y dentro de ellos nunca en espacios considerados privados (como los aseos, vestuarios) sin autorización judicial, de forma que la captación de imágenes de personas sospechosas recogidas de manera velada o subrepticia, en los momentos en los que se supone se está cometiendo un hecho delictivo, no vulnera ningún derecho, estando permitida, por el mayor interés social de la persecución y prueba del delito que la simple captación de la imagen de la persona del delincuente.

También, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales señala en el artículo 22 bajo la rúbrica Tratamientos con fines de videovigilancia apunta que:

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior.

Los supuestos en los que es preceptiva dicha autorización judicial son aquellos en los que se proceda clandestina o subrepticiamente a captar imágenes de personas sospechosas en los lugares que deben calificarse de privados por desarrollar en ellos tales sospechosos su vida íntima.

Nada obsta a que un establecimiento privado decida dotar sus instalaciones con mecanismos de captación de imágenes, en su propia seguridad y en prevención de sucesos, siempre que las videocámaras se encuentren en zonas comunes, excluyendo aquellos espacios en que se desarrolla la intimidad (aseos).

ATS 1.11.2017

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Publicado por dmgpol

Abogado penalista con más de quince años de experiencia en delitos en Madrid ante todo tipo de Juzgados y Tribunales

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